P. Thompson, Los orígenes de la ley negra. Un episodio de la historia criminal inglesa, Siglo XXI (Buenos Aires, 2010)

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P. Thompson, Los orígenes de la ley negra. Un episodio de la historia criminal inglesa, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010, 414 págs.

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Por Mariana Cecilia Fernández *

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Los orígenes de la ley negra, de Edward Palmer Thompson, surge de la elaboración de distintos estudios inspirados en el marxismo que buscan alejarse de la perspectiva estructural, centrada el peso de las relaciones económicas, para poner el foco en la materialidad de la cultura y de las relaciones sociales. En un escenario de discusión centrado en la antinomia entre la base y el nivel superestructural, la contribución del concepto de hegemonía de Antonio Gramsci proporcionará a Thompson una herramienta de análisis potente para explorar los procesos de disputa y negociación en torno a la ley penal en el terreno social y cultural. La resignificación de los supuestos del materialismo mecanicista le permitirá así consolidar un proyecto intelectual fuertemente comprometido en un área vacante para las investigaciones de tradición marxista.

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Su libro reconstruye el marco de aparición de una ley dirigida a personas “armadas con espadas, armas de fuego u otras armas ofensivas, y con las caras pintadas de negro” acusadas de efectuar delitos contra la propiedad en el parque de Windsor y otros bosques aledaños pertenecientes a la realeza inglesa. Una ley sin antecedentes inmediatos aprobada en Inglaterra hacia 1723 por unanimidad, que determinó la caza de ciervos, liebres y conejos, así como también la pesca, la destrucción de estanques y la tala de árboles jóvenes como crímenes con pena capital.

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Para consignar brevemente los interrogantes que impulsan el estudio, se puede señalar: ¿Qué elementos convergieron en el establecimiento de la ley? ¿Qué intereses estaban en lucha? ¿Cómo se articularon las resistencias? ¿De qué modo operó la ley sobre los “Negros” al entrar en vigencia? Cuestiones que, a falta de registros sobre los procesos judiciales, el autor afrontará por medio de un corpus constituido por fuentes periodísticas, judiciales, gubernamentales, fiduciarias y algunas cartas y anotaciones de los personajes involucrados. Más allá de los problemas para contextualizar las acciones de los Negros con los que Thompson tuvo que lidiar, los documentos le sirven como puerta de ingreso al momento de la sanción de una ley revestida de violencia y conflictividad.

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El autor parte de la idea según la cual la implantación de la Ley Negra durante el proceso de transición al capitalismo en Inglaterra compuso una amenaza no meramente económica sino también a los «usos consuetudinarios» transferidos y reactualizados generación tras generación en el campo de la cultura popular. Mediante la reconstrucción de los datos históricos Thompson irá sacando conjeturas interpretativas sobre la potencialidad política del comportamiento de los Negros en su oposición a la gentry, funcionarios eclesiásticos y de la administración gubernamental en conexión con los guardabosques y otros funcionarios de la «burocracia forestal». Y, finalmente reflexionará sobre los alcances y repercusiones de la ley, como parte del código penal del siglo XVIII.

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El trabajo se inicia mediante la descripción de los sentidos arrogados por los Negros al proceso de emergencia de la ley y con el transcurso de los capítulos trepa hasta llegar a la idea que de ellos se hacían los sectores de poder. Así, “parado en un borde muy estrecho, viendo subir las mareas” (p. 280), va delineando Thompson el progreso y la forma de operar de la Ley Negra mediante el empleo de un enfoque microsociológico que se busca distanciar de abordajes cuantitativos, fundados en el anonimato y el relegamiento de la dimensión contextual. En ese sentido, su investigación “también es una respuesta a pensadores universales, que se impacientan con todo lo que no sea longue dureé, que no se dejan conmover por los carros cargados de víctimas rumbo a Tyburn si los comparan con los índices de mortalidad infantil” (p. 290).

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La ambigüedad con que se hallaba redactada la ley llevó a que si bien en un principio los perseguidos eran aquellos a quienes se adjudicaba la caza y el robo de ciervos, los procesos penales se extendieran hacia alrededor de 50 delitos más. A grado tal que, poco tiempo después de la sanción, el sólo hecho de llevar la cara pintada con hollín o portar un arma letal podía constituir en sí mismo un crimen capital. Si de algo no cabía duda era que la tipificación establecida por el del Derecho penal constituía un mecanismo alcanzado por los sectores hegemónicos (la gentry, los funcionarios eclesiásticos y de la administración gubernamental en conexión con los guardabosques y otros funcionarios de la “burocracia forestal”) para asegurar los privilegios y utilidades de la explotación natural.

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En ese sentido, Thompson señala que los reinantes Whigs, liderados por Robert Wapole, asentaban su poder sobre la base de un sistema de beneficios políticos y económicos por medio del cual adoptaban cargos públicos y, de ese modo, obtenían autorización para explotar los bosques de la corona, sin sujetarse aún a las normativas y formas de racionalidad del capitalismo comercial. De aquí que los Negros les representaran un obstáculo a sus ganancias, en nombre de las cuales estos “grandes predadores” defendían el respeto a las leyes que protegían sus prerrogativas en torno a la administración forestal:

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Los grandes intereses comerciales (fueran mercantiles o financieros) dependían de los favores políticos y militares y podían pagarse a precios muy altos. La alta gentry, los especuladores y los políticos eran hombres de inmensa riqueza, cuya fortuna se elevaba como los Andes sobre las frondosas selvas de la pobreza del hombre común. El estatus y la influencia exigían un ostentoso despliegue, una prueba visible de la riqueza y el poder: Blenheim, Caversham, Cannons, Stowe, Houghton. Los parques de ciervos eran parte de ese despliegue (p. 214).

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Pero, además de estar al servicio de la hegemonía existente, dice Thompson, la ley significaba algo más. Si desde un enfoque estructuralista rígido el procedimiento mediante el cual se designa como delictivos aquellos actos que atentan contra la propiedad privada se entiende como una herramienta superestructural del dominio de clase, es preciso admitir parte de la crítica marxista-estructural respecto de las funciones clasistas y mistificadoras de la ley a modo de evitar caer en una mirada reduccionista y determinista de la historia social y cultural:“Si suponemos que la ley no es sino una manera pomposa y mistificadora de registrar y ejecutar el poder de clase, no necesitamos perder el tiempo estudiando su historia y sus formas. Una ley sería muy semejante a cualquier otra, y todas, desde el punto de vista del dominado, serían Negras. Es porque la ley importa, por lo que nos hemos tomado el trabajo de contar esta historia” (2010: 290. Subrayado en |el original).

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Tal como se puntea en la primera parte del libro, si el establecimiento de lo que constituye un delito por los sectores de poder delimita el campo de acción pero no determina en forma automática la consciencia y el comportamiento social, lo que estaba en juego en el proceso fundacional de la Ley Negra no era sólo la utilización de la tierra y sus recursos naturales por los “Negros”, generalmente integrantes de los sectores medios de la estructura rural, sino conflictos políticos entre distintas fracciones pertenecientes a un mismo sector social (el gobierno de los Hanover y los nobles Whigs, dependientes de la corona) cuyo saldo ponía en riesgo la «economía moral» de la comunidad. Lo que la Ley Negra venía a desafiar eran los usos y formas consuetudinarias heredadas por la vecindad de los bosques de Windsor y Hampshire “de la tradición directa de hermandades o asociaciones secretas de cazadores clandestinos en las áreas forestales” (p. 61), en nombre de la cual las luchas adoptaron un carácter no meramente económico sino también moral:

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El recurso de los cazadores clandestinos a una fuerza mejor organizada podría considerarse retributivo y menos preocupado por la carne de ciervo como tal que por el ciervo en tanto símbolo (y agente) de una autoridad que amenazaba su economía, sus cosechas y sus derechos agrarios según el uso y la costumbre. Estos Negros no son en absoluto bandidos sociales (en el sentido de Hobsbawm) ni tampoco rebeldes rurales, pero comparten algunas características de ambos tipos. Son habitantes del bosque armados, que imponen la definición de derechos a los que ‘la gente de campo’ se había habituado, y que también resisten las parquizaciones privadas que usurpan sus tierras cultivadas, su leña para combustible y sus pasturas (p. 68).

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En relación a una sucesión de acciones armadas sucedidas en el parque de Windsor bajo la bandera del “Rey Juan”, un personaje mítico que lideraba iniciativas de “venganza popular”, Thompson reconoce que no todos los Negros formaban parte de estas “hermandades”, no obstante lo cual, se dirigían hacia los mismos contrincantes en miras de idénticos objetivos. Este abordaje no sólo se aleja de los enfoques estructuralistas clásicos sino también de las corrientes historiográficas liberales, que “presentan al siglo XVIII como una sociedad de consenso, regida por los parámetros del paternalismo y la deferencia, y gobernada por un ‘imperio de la ley’ que aspiraba (aun imperfectamente) a la imparcialidad” (p. 283).

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Si el estructuralismo yerra en apuntalar un sujeto pasivo derivado de sus condiciones de existencia y oprimido por una ley que, en tanto reflejo de las relaciones de clase, distorsiona la realidad; el liberalismo inglés formula a la ley como expresión de los intereses del pueblo en su conjunto, asimilando experiencias y valores divididos que sirven al mantenimiento de las relaciones de desigualdad. Distanciándose de ambos enfoques, Thompson concibe a la ley como la tipificación de una práctica social «real» que media entre la dominación y la agencia histórica y emerge como resultado de la conflictividad.

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De aquí que no se la pueda pensar como perteneciente a la clase dominante sino al conjunto heterogéneo de sectores que integran el orden social, ya sea para legitimarlo como para contribuirlo a cercenar. Lo que, en este punto, Thompson trata de eliminar es la idea de que existen dos universos separados (el de la economía y el de la moral). Como ilustra hacia el final del libro, que los límites políticos de la ley Negra conlleven las marcas de la desigualdad no implica suponer que dominantes y dominados difieran en el terreno de la lucha.

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Si las clases devienen de la sedimentación de experiencias y subjetividades en conflicto, las experiencias de resistencia de los “Negros” también tienen lugar en el plano legal: “En el patíbulo los reos se quejaban, ‘en sus últimas palabras antes de morir’, si sentían que en algunos aspectos de las debidas formas de la ley no habían sido respetadas” (p. 290). Lo cual, permite constatar que la ley no pertenecía a una clase por sobre otra sino que se constituía más bien sobre la base de un mosaico de elementos en «común» en el campo de la legalidad:

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Mientras fue posible, los dominados –si encontraban dinero y abogado-pelearon por sus derechos por medios legales, ocasionalmente los copyholders o enfiteutas, apoyándose en los precedentes jurídicos del siglo XVI, pudieron ganar algún caso. Cuando ya no fue posible continuar la lucha legal, la gente todavía tenía una sensación de daño a sus derechos: los propietarios habían obtenido su poder por medios legítimos (p. 282).

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Si se advierte que para persistir el poder necesita forjarse no sólo en el campo jurídico sino fundamentalmente en la experiencia «real», resulta incomprensible rehusarse a estudiar cómo durante la emergencia del capitalismo en Inglaterra la lucha por la conservación de derechos extra-jurídicos entablada en la arena legal expresaba valores y normas con efectos normativos de hecho, vigentes “desde tiempos inmemoriales” en la cultura popular. Pues, si es cierto que en la trama legal se arraiga muchas veces el conformismo de las clases subalternas con su respectivo lugar y función social, la ley Negra se convirtió en “un foro genuino dentro del cual se resolvían ciertos tipos de conflictos de clase” (p. 283) mediante una disputa que no se centraba en la propiedad privada, protegida por la ley, sino más bien en las “definiciones alternativas de los derechos de propiedad: para el terrateniente, el cercamiento; para los aldeanos sin tierras propias, los derechos comunales; para los funcionarios forestales, los ‘derechos preservados’ para los ciervos; para los habitantes del bosque, el derecho a extraer turba” (p. 281).

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Lo que a Thompson le interesa estudiar es el modo en que la ley se constituía en un lugar para la reivindicación de “derechos” que se oponían a la lógica del capital: no en un sentido “progresista” sino en defensa de la vida tradicional: “La mayoría de los seres humanos tienen un fuerte sentido de justicia, por lo menos en lo que atañe a sus propios intereses. Si la ley es evidentemente parcial e injusta, no podrá enmascarar nada, ni legitimar nada, ni contribuir en nada a ninguna hegemonía de clase” (p. 284). En este punto, que tanta polémica suscitó particularmente en lo que hace a la idea de «rebeldía tradicional» formulada por Thompson en Costumbres en común (1990) y la lectura de la ley Negra como conquista de derechos, lo que el autor quiere destacar son fundamentalmente dos cuestiones.

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En primer lugar, que en tanto no se estudie la materialidad de las relaciones morales compartidas, en su desigualdad y multiplicidad, no acontecerá el sujeto histórico capaz de descubrir el carácter de clase de la ley penal. La efectividad de esta última no podría ser tal si no se hallara ya en “la base misma de las relaciones productivas” (p. 282) y, recíprocamente, les permitiera operar. Pero además reside en el cúmulo de reglas amparadas por la comunidad, que indujo a los Negros a desatar “un curso de acción que a su vez los conduciría a un conflicto más acendrado… con ‘la ley’” (Ídem).

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En segundo lugar, Thompson arguye hacia el final del trabajo que la ley en ocasiones puede ser útil para limitar los abusos de poder por parte de los sectores dominantes aunque esto no siempre tenga lugar. Porque no es igual el poder extrajurídico que el poder legal. En el primer caso, la violencia es absoluta e indiferenciada y en el segundo, delimitada y diferencial. Pues, además de estar limitada por la ley, la clase dominante cree en las normas y la retórica de la justicia tanto como para permitir la lucha de clases en el campo legal: “hasta los dominantes tienen necesidad de legitimar su poder, de moralizar sus funciones, de sentirse útiles y justos” (p. 285). Tal como muestra su estudio, incluso el gobierno llegó a ser derrotado en los tribunales de justicia. Aunque, paradójicamente, la derrota contribuyera a asentar la legitimidad del procedimiento penal y refrenar la acción revolucionaria: “Pero, invirtiendo la paradoja, esas mismas ocasiones contribuyeron a imponer todavía más controles institucionales al poder” (p. 286). Conclusión que se aleja de la concepción de la ley como instrumento de la clase dominante, esbozada en Albion’s Fatal Tree: Crime and Society in Eighteenth-Century England (1976).

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Desecharlo no sería más que un acto ingenuo y petulante tal como los que en ocasiones efectúan las organizaciones de la izquierda tradicional, renunciando a analizar las luchas populares en el campo de la justicia penal: “Sólo cuando seguimos lo intrincado de su funcionamiento podemos mostrar lo que valía, cómo fue distorsionada, cómo sus valores proclamados fueron falseados en la práctica” (p. 290). Pues, si algo lleva a Thompson a estudiar los orígenes de la ley Negra, es su compromiso con las clases relegadas por la historiografía social del conocimiento y la visibilidad ante el prejuicio de suponerlas en las antípodas de las revolución social.

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Rastrear el modo en que los Negros desafiaban al poder concibiendo al robo de ciervos no sólo como un delito contra la propiedad sino como un agravio moral, conlleva la ventaja de señalar las contradicciones y complejidades que implica la resistencia popular. Sin caer en una concepción paternalista ni en la percepción «de época» (hegemónica) que otros autores sostuvieron al estudiar el mismo tema, Thompson busca subrayar que si bien no estaban organizados estratégicamente para tomar las riendas del poder, estos sujetos marginados por la mayor parte de la historiografía social merecen atención puesto que resistieron a la Ley Negra “respaldados por las normas de su propia comunidad forestal” (p. 209). Su investigación indaga cómo el status de los propietarios incidía en la justicia penal, al tiempo que denuncia la criminalización que implicó el establecimiento de la Ley Negra, apuntando a recuperar una cultura «en común» desvanecida desde la cual se resistía, en el contexto pre-capitalista, a las formas legales impulsadas “desde arriba” en el plano consuetudinario y de la costumbre popular.

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A modo de cierre, se puede señalar la importancia de esta investigación para pensar hoy qué significa y las formas de acción que empuja la cuestión criminal, así como el modo en que su elucidación depende del forcejeo que se libre entre el terreno de las prácticas populares y el ámbito de la ley penal: ¿Cómo se expresan los usos alternativos al castigo legal, actualmente? ¿Conserva la pena su destinatario principal? ¿En qué medida las resistencias populares desgarran el poder en un escenario donde la hegemonía del capitalismo no pareciera tambalear? ¿Hasta qué punto descubrir la historia de “los de abajo” y su vinculación con la perspectiva oficial puede contribuir, recíprocamente, al conocimiento y al cambio social? ¿En qué sentido el desarrollo de estudios en ciencias sociales sobre las formas consuetudinarias de resistencia popular sigue siendo hoy un desafío a afrontar?

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* Mariana Cecilia Fernández es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Contacto: mcf.mariana@gmail.com